El Presidente Arce ha propuesto, hace unos días, lograr un gran acuerdo nacional alrededor de cinco puntos: justicia (elección de magistrados faltantes), economía (industrialización con sustitución de importaciones (ICSI) y contratos con Rusia y China sobre litio), político (resguardar las condiciones materiales y el ambiente político), democracia (elecciones limpias) y medio ambiente (enfrentar los desastres naturales producto de la crisis climática).
Las reacciones conocidas sobre la propuesta, muestran que no ha sido muy bien recibida porque se refiere fundamentalmente a temas de coyuntura, pero, fundamentalmente, porque incluso, en esos temas, se limita a considerar efectos, y no a eliminar las causas que los generan: las reglas para elegir a los magistrados hacen imposible que tengamos a las/los mejores profesionales; la ICSI no tiene ni pies ni cabeza porque no hay el más mínimo marco estratégico de desarrollo productivo; los políticos y el ambiente político oportunista que se han creado, son causas centrales del descalabro actual, de manera que, si algo debe cambiar, son precisamente esos actores y el ambiente en el que se desenvuelven; y los desastres ambientales en los últimos años, tienen como causa directa a las decisiones políticas del MAS, no al cambio climático global al que, en realidad, Bolivia acentúa su contribución desde 2006.
Añado a estas observaciones, que el MAS –gracias a sus estrategias envolventes, ha perdido toda la credibilidad que, hoy, sería necesaria para convocar a un acuerdo inclusivo de todos los actores y sectores relevantes. Sin ir muy lejos, para frustrar las elecciones judiciales de 2023, han usado la letra muerta de la ley –interpretada además de forma antojadiza y desleal, para viabilizar a los autoprorrogados con el argumento que no se pueden tener causas desatendidas, pero se pasaron “por sus indecencias” la prohibición constitucional explícita a extensión de esos mandatos.
Sin duda, la situación es compleja y peligrosa, características que la profunda des-institucionalización del Estado que el MAS ha permitido, acentúa. Si es real la voluntad presidencial de “abrir espacios de diálogo, concertación y consensos entre actores políticos y sociales para fortalecer la institucionalidad y consolidar la paz social”, debería ser posible realizar un Referendo Consultivo que permita al próximo gobierno tener mandatos expresos para reforzar la legalidad, la legitimidad y la autoridad, a fin de ejecutar el Plan de Gobierno que hubiera propuesto a la sociedad.
Necesitamos acuerdos, pero serios. Proponemos a título indicativo, los siguientes temas sobre los que la sociedad debería expresar acuerdo o desacuerdo, porque, en nuestro análisis, estos temas son determinantes para el éxito o fracaso de una estrategia de desarrollo productivo –no extractivista, viable, sostenida y sostenible. En todo caso, las respuestas de la opinión pública serían de gran valor para orientar la gestión del próximo gobierno.
1. Recomposición/elección meritocrática al Órgano Judicial y TEP: ¿Está de acuerdo con cambiar la forma de elección de magistrados del Órgano Judicial a uno estrictamente basado en méritos?
2. Imponer las votaciones abiertas y nominales en la ALP: ¿Está de acuerdo en que todas las decisiones que se deban tomar en la ALP mediante voto de los asambleístas, el voto sea abierto y nominal, y que el reglamento para declarar temas “en reserva” sea consistente con la transparencia como principio rector?
3. Eliminar las reelecciones en todos los cargos electivos por voto ciudadano: ¿Está de acuerdo con que ningún cargo de elección directa por voto ciudadano pueda ser re-electo?
4. Reconfigurar autonomías: ¿Está de acuerdo con modificar la estructura y la lógica del actual modelo autonómico para que las ETAS tengan mayor responsabilidad directa en sus políticas de desarrollo, y en que los Gobiernos Departamentales apoyen esos procesos fortaleciendo sus capacidades de coordinación y de apoyo técnico a nivel municipal, regional e indígena?
5. Reforma fiscal: Para hacer posible la nueva estructura autonómica, ¿está de acuerdo con que el 100% de los impuestos a la propiedad, a las actividades económicas y al uso de recursos naturales sean de dominio de las ETAs, las que deberán establecer en cada Departamento fondos de desarrollo de acuerdo a planes integrales de desarrollo, y tener límites absolutos en gastos corrientes y administrativos?
6. Ingeniería competencial y propiedad de la tierra y el agua: ¿Está de acuerdo en reformular las asignaciones competenciales en función de la mayor eficiencia en la prestación de los servicios y en el uso de los recursos, sobre la base de los principios de subsidiaridad en todos los niveles autónomos?
7. Autonomía Universitaria y Educación Superior de Excelencia: Dado el enorme rezago que tiene la educación superior en Bolivia respecto a la región y el mundo, ¿está de acuerdo con que es necesario pensar en una nueva estructura de educación superior de excelencia, a la que se acceda gratuitamente solo con criterios estrictos de capacidad?
8. Legalidad de Organizaciones Sociales (y sindicatos): ¿Está de acuerdo con que la condición para el reconocimiento legal de toda organización de la sociedad civil sea el acompañamiento del OEP en los procesos electorales internos, certificado mediante resolución expresa?
9. Responsabilidad de líderes de Organizaciones Sociales (y sindicatos): ¿Está de acuerdo con que los dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil puedan ser imputables civil y penalmente por daños que la organización o sus afiliados ocasionen a terceros?
10. Derechos laborales: ¿Está de acuerdo con que el ordenamiento legal permita relaciones de trabajo en las que los vínculos laborales puedan alejarse de las disposiciones de la LGT en tanto los empleadores y los trabajadores acuerden formas aceptadas de participación compartida en los resultados, o el valor de la planilla sea igual o superior a las metas de distribución primaria del ingreso que defina la política nacional?
11. Reestructuración de FFAA y Policía Nacional: Dado el carácter pacifista del Estado Plurinacional, ¿está de acuerdo con que se inicie un estudio para unificar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en una Guardia Civil profesionalizada, con tres cuerpos especializados en Seguridad Interna, Defensa Civil y Guardia Ambiental?
12. Auditorías especiales: Dado que los delitos económicos contra el Estado no prescriben, ¿está de acuerdo con que la sociedad conozca el origen, destino y resultados de los gastos realizados por el gobierno central, los gobiernos subnacionales, ETAs, y empresas públicas desde que se inicia el auge de los ingresos públicos en 2004?
En principio, “legalmente” –no constitucionalmente, no es posible realizar un Referendo Consultivo antes de las elecciones; pero si se han podido prorrogar magistrados y pisoteado la CPE, con algo de voluntad política se lo debería poder viabilizar para que el nuevo gobierno tenga un escenario más estable. Todos queremos acuerdos, así que viabilizar este Referendo mostraría dónde está la voluntad y dónde la “discursiva distractiva”.
Enrique Velazco Reckling, Ph.D., es investigador en desarrollo productivo
