El 85% de la población ocupada en Bolivia, se ubica en el sector informal, que es sinónimo de gran precariedad, baja productividad, y muy bajos aportes a la generación y agregación de valor.
Además, los índices de empleo en los sectores privado y público, muestran un crecimiento mayor del empleo en el sector público, sobre todo, en la administración central que genera los innumerables obstáculos burocráticos que han sido identificados hace 40 años como las causas que limitan las inversiones generadoras de valor y empleo.
Respecto a los índices de empleo privado, entre 2006 y 2019 el del empleo público lo supera en un 50%.
De hecho, un tercio de las 700.000 personas (240.000) que se sumaron a la población ocupada entre 2006 y 2015, lo hicieron en administración pública; un 45% (312.000) lo hizo en comercio (dominado por micro-comercio que constituye el macro canal de distribución de productos de contrabando) y otro 30% (215.000) se ubican en la construcción.
El incremento en el resto de sectores, solamente “compensan” las pérdidas de puestos de trabajo en la agricultura tradicional (-140.000), y en las actividades inmobiliarias y de servicios a las empresas (-120.000)
Como reflejo de las tendencias mencionadas, la productividad laboral en Bolivia es la más baja de la región: esta es una de las principales razones para la persistencia de la pobreza a pesar de los episodios de alto crecimiento impulsados por los precios de las materias primas exportadas.
En síntesis, el crecimiento económico no garantiza la creación de los puestos de trabajo –en cantidad y en calidad, que la sociedad boliviana demanda.
