Como normalmente nos sucede, la polémica en torno a los resultados del Censo está derivando en una pugna mediática en la que los intereses políticos y de coyuntura ocultan los temas de fondo. Quienes rechazan los resultados, lo hacen básicamente por la distribución de recursos y la participación política en Diputados; desde el Gobierno, aunque se reconocen deficiencias en el operativo censal, los resultados son oficiales y no cambiarán. Para superar la controversia y con la premisa que los resultados no se pueden cambiar, el TSE ha propuesto una reasignación de escaños –prontamente cuestionada− mientras otros optan por sugerir soluciones políticas, como dejar sin efecto la reasignación de escaños o, para que nadie pierda, aumentar el número de escaños, crear fondos de compensación, etc.
El tema de fondo es que, el Censo, además de ser un instrumento esencial para planificar y para diseñar políticas públicas, compromete la fe del Estado: es el patrón de referencia para todas las otras métricas (políticas, sociales y económicas), sobre las que se construye la estructura administrativa y operativa del Estado. Si la ciudadanía no confía en este referente, se puede poner en tela de juicio prácticamente cualquier acción pública.
Consideremos por ejemplo el Padrón Electoral. Aunque técnicamente el Padrón Electoral y el Censo de Población no se pueden comparar directamente por ser diferentes los factores que inciden en cada caso, es indudable que el crecimiento del Padrón se relaciona al de población. En condiciones normales, no sería razonable que el padrón aumente de una forma significativa si la población se reduce (o al revés). El re-empadronamiento electoral en 2009 tuvo una cobertura mayor al 95% y, el padrón, un crecimiento del 30% respecto a 2008; los electores llegaron a ser un 50% de la población. Aunque no estuvo exento de sorpresas, el padrón (actualizado en 2010 y 2011) fue asimilado por la sociedad sin cuestionamientos.
Con las reservas del caso, si tomando la Provincia Murillo como un área relativamente homogénea, los datos oficiales (ver Cuadro adjunto) muestran que entre 2001 y 2012, la población del Municipio de La Paz se redujo en 28.676 habitantes, pero el Padrón aumentó en 14.500 electores de 2010 a 2011 (de 559.214 sube a 573.714); si el padrón es un 50% de la población, en un año la población de La Paz habría aumentado en 29.000 personas, cantidad comparable a la pérdida que muestra el Censo desde el 2001, y que ha originado la fuerte reacción de La Paz.
El padrón del Municipio de El Alto era, respectivamente, 11,8% y 11,2% menor que el Padrón de La Paz en 2010 y 2011. Si la actualización del Padrón tuvo una cobertura similar en ambos municipios, en 2012 la población de El Alto debería ser aproximadamente un 10% menor que la de La Paz, pero el Censo indica lo contrario: La Paz tiene 764.617 habitantes mientras que El Alto 848.840 (11% más). Tampoco parece consistente que el crecimiento poblacional en Palca y en Mecapaca hubiera sido mayor que el de sus padrones.
La relación Padrón/Población nacional es 52% mientras para La Paz es 75% (el mayor a nivel nacional) y para El Alto 60% (un 25% menor); es decir, tres de cada cuatro paceños está en el Padrón Electoral. Tan alta proporción es irreal. En Cochabamba y Tarija el padrón es el 63% de la población, en Cobija el 60% y en Santa Cruz el 54%. En general, si los resultados del Censo son ciertos, varios rasgos del Padrón serían, al menos, llamativos. Dependiendo de qué es más creíble –el Censo o el Padrón–, se podría inferir que el Padrón no tiene una cobertura uniforme o poner en duda los resultados del Censo en varios municipios; en todo caso, se abre la posibilidad de cuestionar los resultados de los nuevos procesos electorales y deslegitimar a los elegidos. Eventualmente, la pérdida de credibilidad puede involucrar a todos los pilares de la institucionalidad.
En síntesis, la baja credibilidad y falta de confianza social en el Censo no es un tema trivial. Las soluciones políticas pueden aplacar reacciones, pero son las menos aconsejables porque no resuelven el problema de fondo, y porque pueden complicar la situación si los afectados inducen recuentos de población en municipios o cuestionan la independencia del TSE, con o sin razón. Al estar en juego la fe del Estado, por la salud institucional y la calidad de la democracia, no deberíamos descartar de plano la opción institucional chilena: repetir el Censo para los indicadores más críticos.
Al respecto, para no aportar a la falta de transparencia ni generar desconfianza, el TSE debería reponer el libre acceso de la población a los datos anuales del Padrón Electoral.
